O. QUINTANILLA/S. CARBONELL
La Mesa de la Función Pública aprobó ayer tarde en Madrid con los
votos favorables de CCOO y UGT, incrementar la cuantía de la
indemnización por razón de residencia -en una media del 35 por
ciento- para los empleados públicos de la Administración General
del Estado destinado en las Islas. Durante el año 2005 se
continuarán las negociaciones sobre las indemnizaciones por
residencia que perciben los empleados públicos de las Islas, al
objeto de seguir adecuándolas a la realidad vigente del territorio
insular, según figura en el acuerdo. También se concretó que las
negociaciones no podrán suponer, en ningún caso, una minoración de
las cantidades percibidas en la actualidad por este concepto y que
el acuerdo tiene efecto retroactivo hasta el 1 de septiembre de
2004. Previamente todos los partidos políticos habían aprobado por
unanimidad en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso
de los Diputados, una proposición no de ley, a propuesta de
Izquierda Verde-IU-ICV, por la que la que se insta al Gobierno a
que se «revise» la indemnización por residencia a los funcionarios
de la Administración General del Estado y de Justicia de Balears y
a que «se realicen todas la medidas necesarias, incluidas las
presupuestarias, para proceder durante esta legislatura al
reconocimiento de dicha indemnización acorde a las circunstancias
propias y singulares de las Islas, teniendo como referencia actual
el complemento que perciben en Canarias».
La diputada que defendió la propuesta, Isaura Navarro reivindicó dicha equiparación porque «concluyen circunstancias económicas y sociales muy similares: La insularidad doble para Menorca y Eivissa y triple con respecto a Formentera, un alto porcentaje de plantilla no cubierto o cubierto sólo temporalmente, un alto nivel de vida con precios más altos que en la Península, un elevadísimo precio de la vivienda en propiedad y alquiler, y el carácter turístico de las Islas». Navarro señaló que el Gobierno popular acordó destinar 7'21 millones de euros para incrementar la indemnización por residencia en Ceuta y Melilla. «Fue en solitario ya que no ha sido así en Balears lo que afecta a unos 14.700 funcionarios públicos» dijo y apuntó que entre 2000 y 2004, esta indemnización ha registrado un incremento mensual que oscila entre 194'77 y 86'94 euros en función del grupo y titulación correspondiente mientras que en Balears este incremento ha oscilado entre 7'47 y 3'65 euros.
La socialista Gracia Muñoz expresó el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta mejora de la indemnización por residencia conforme a los acuerdos administración-sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para 2005 referidas a Balears. El diputado del PP, Enrique Fajarnés se congratuló por la aprobación de esta «mejora» de la indemnización por residencia que apoyó porque «nuestro compromiso con los funcionarios era y es el de romper con la discriminación de los funcionarios y consolidar las plantillas conforme a la Ley de Acompañamiento de 2004» si bien objetó que «en ningún momento se menciona la palabra equiparación». Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. CCOO de Balears advirtió ayer, horas antes de la reunión de la Mesa de Función Pública, de que sólo aceptarían la última propuesta del Ministerio sobre el plus de insularidad de los trabajadores públicos de las Islas si se establece el compromiso de equipararlo más adelante al de Canarias, así lo comentó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Javier Luna, quien criticó que el Gobierno haya decidido debatir esta cuestión «de manera sorpresiva» en la reunión de la Mesa de la Función Pública convocada para ayer tarde, que en principio tenía otros temas.