El Consell de Mallorca quiere aprovechar la tramitación de la reforma del Estatut d'Autonomia para aumentar el poder político de estas administraciones dentro del entramado institucional de la Comunitat. El gobierno que preside Maria Antònia Munar entregó ayer a los partidos de la institución un documento que recoge ideas sobre la reforma del Estatut d'Autonomia, en el marco de la comisión creada la pasada semana para analizar la reforma del Reglamento de la institución y la reforma de la Carta Magna balear.
Entre otras cuestiones, el documento presentado por el vicepresident, Miquel Nadal, propone aprovechar la modificación estatutaria para validar jurídicamente la Ley de Consells Insulars, sobre la que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno central. En este documento se propone que el Estatut deje de considerar los Consells como «administración periférica» y se reconozca que «son algo más» que una simple provincia.
El Consell también quiere tener la potestad normativa en aquellas competencias que le han sido atribuidas por el Govern. Hasta la fecha, el Consell ejerce estas competencias, pero no puede legislar sobre ellas. En esta línea, también quieren que se reconozca la propuesta de la institución para tener iniciativa legislativa como los diputados del Parlament o el propio Govern.
La propuesta que realiza el Consell también recoge la importancia de que el Estatut resuelva de una vez por todas el problema de la financiación de estas administraciones, de forma que no dependan, como ahora, de los recursos que les ceden los gobiernos central y autonómico.
Además de la validación jurídica de la Ley de Consells, la institución que preside Maria Antònia Munar quiere que el nuevo Estatut recoja la posibilidad de que existan miembros no electos con capacidad resolutiva y de gestión en la organización interna de los consells.
Entre otras propuestas, además de fijar la posibilidad de que el Govern pueda aprobar la cesión directa de competencias a los ayuntamientos, el Consell quiere una nueva regulación sobre el proceso de atribución de sus propias competencias, especialmente en lo referido a la Comissió Tècnica Interinsular, que podría desaparecer.