Balears cerrará este año sus cuentas con un déficit en sus ingresos superior a los 1.700 millones de euros, una cifra poco menos que astronómica, equivalente al total gastado en la Comunitat a lo largo de todo el año pasado. No es un dato que invite a la desazón, sino a la reflexión. Así lo han hecho los nacionalistas de Unió Mallorquina, que proponen salir de esta situación a través de la instauración de un régimen económico similar al del País Vasco y Navarra que quede consagrado en el nuevo Estatut d'Autonomia.
La idea de establecer un concierto económico con el Estado es apetecida por todas las comunidades autónomas que gozan de una abultada recaudación de impuestos y de una economía saneada y próspera, porque son precisamente las que aportan al conjunto de la nación la riqueza que posteriormente se reparte entre las regiones menos favorecidas. La red de solidaridad interterritorial que establece nuestra Constitución garantiza así la igualdad de oportunidades entre zonas muy desiguales. De ahí que el Estado sea reacio a abrir la puerta a un segundo proceso de definición autonómica que podría conducir a unos desequilibrios difíciles de corregir.
Sin embargo, es lógico que las regiones más ricas aspiren a controlar el dinero que sale de sus arcas, especialmente cuando padecen déficits en áreas tan importantes como la sanidad y la educación, transferidas en su día con una dotación económica insuficiente ante los cambios sociales y poblacionales que se han producido en los últimos años, máxime cuando se anuncia que decenas de miles de nuevos inmigrantes pueden llegar a las Islas con el proceso de regularización ahora emprendido.
Es un asunto delicado y de enorme trascendencia que debe ser debatido con serenidad, entre todos los partidos políticos, para tratar de alcanzar una solución -sea el concierto económico o cualquier otra- que pueda satisfacer las necesidades de bienestar de los habitantes de Balears sin dejar de aportar al resto de la nación la solidaridad que siempre hemos demostrado.