A finales de este mes se presentará en la Audiencia Nacional, en Madrid, una querella criminal contra los crímenes de nueve españoles cometidos en Ruanda entre 1994 y 2000, presentada por el Foro por la Verdad y la Justicia en el Àfrica de los Grandes Lagos. Esta querella ha sido posible, en parte, gracias a la contribución de Balears que, a través del Fons Mallorquí de Solidaritat y del Govern balear, concedió a la Fundació S'Olivar (cuyo responsable es el candidato al Nobel de la Paz residente en Mallorca, Joan Carrero) un total de 228.384 euros para impulsar esta iniciativa legal contra los autores ruandeses de crímenes masivos contra la humanidad.
En esta querella se pide que salga a la luz la verdad de los asesinatos de estos nueve españoles (en realidad fueron once, pero sobre dos de ellos no existen datos, tan sólo sospechosos accidentes) y se aboga por el diálogo. De los nueve se aportan pruebas después de tres años y medio de investigación con testimonios de testigos (hasta ahora protegidos) que apuntan con el dedo a altos cargos del Frente Patriótico Ruandés (tutsi, actualmente en el Gobierno).
En efecto, el juez galo Jean Louis Bruguière hizo público hace casi un año un informe en el que acusaba, gracias a las declaraciones de testigos capitales localizados por la Fundació S'Olivar y Drets Humans de Mallorca, que el FPR era el culpable de los atentados del 6 de abril de 1994, en el que se derribó el avión en que viajaban los presidentes hutus de Ruanda y Burundi, además de varios pilotos franceses, y que dio paso al genocidio en la zona de los Grandes Lagos, el mayor desde la segunda guerra mundial.
En principio, se acusó a los extremistas hutus de perpetrar el atentado, pero las nuevas pruebas indicaban que no fue así, sino que el ataque fue ordenado por el actual presidente del país, Paul Kagame.
Uno de los testigos localizados, el militar Abdul Ruzibiza, escondido hasta que llegue el momento de declarar ante la Audiencia Nacional por la querella española, estuvo en la milicia Network, la que ejecutó físicamente el lanzamiento de proyectiles que derribaron al avión y el asesinó a misioneros y médicos españoles. Es un testimonio clave en este proceso y su declaración ha comenzado a cambiar la moderna historia de los Grandes Lagos.
El día que se presente la querella estarán presentes algunos cooperantes compañeros de los tres doctores de Médicos del Mundo asesinados, así como familiares, probablemente la congresista americana Cynthia McKinney y un autocar de ruandeses en el exilio residentes en Bélgica.