La Conselleria de Medi Ambient ha detectado la proliferación del uso de reproductores digitales MP3 como reclamo para cazar tordos, práctica prohibida para los cazadores.
En la caza del tordo sólo está permitido el reclamo del silbido y están prohibidos los métodos mecánicos, que tradicionalmente reproducían cantos reales mediante cintas de cassette.
Sin embargo, la irrupción y expansión de las nuevas tecnologías también ha alcanzado a los sistemas tradicionales de caza, y ahora no se recurre al clásico magnetofón, sino al reproductor digital MP3, donde se puede descargar, memorizar y almacenar una gran cantidad de archivos sonoros. Habitualmente, el MP3 se utiliza para reproducir música, pero los cazadores ya le han encontrado una aplicación cinegética, en este caso ilegal, como reproductor de grabaciones de cantos de aves. El reducido tamaño del MP3, además de su fácil manejo, permite un cómodo transporte en la montaña.
Los reclamos están prohibidos salvo algunas excepciones. Por ejemplo, para la perdiu sólo está autorizado el reclamo de otro ejemplar vivo. En el caso del tordo, no se permite el uso de un ejemplar vivo ni la reproducción de su canto, sólo la imitación.
La Conselleria de Medi Ambient ya ha expedientado y sancionado a algunas personas por el uso ilegal del MP3 como reclamo ilegal para cazar tordos. Uno de los sancionados es el anterior vicepresidente de la Federació Balear de Caça, Pedro Mas, quien asegura que «se trata de un error. Un agente de la Guardia Civil encontró uno de estos aparatos y yo estaba por allí cerca. He sido cazador muchos años sin cometer ninguna infracción. Voy a presentar un recurso porque soy inocente».
El presidente de la federación, Jaume Ripoll, explicó ayer a este periódico que «tras el reciente proceso electoral, debo designar a los 11 miembros de la nueva junta directiva y no tengo previsto incorporar a Pedro Mas, de quien sé que va a presentar un recurso».
El director general de Caça, Antoni Gómez, indicó que «la sanción por el uso ilegal de reclamos puede ser de unos 400 euros, aunque posteriormente hay que ver si se aplican agravantes o atenuantes».