Más de setenta personas ponen cara a la Administración del Estado en Balears. Además del delegado del Gobierno, Ramon Socías, y una serie de directores de área; de los diferentes ministerios depende un grupo de cargos que conforman un auténtico «gobierno a la sombra». A finales del pasado año, y por primera vez en la historia, el delegado del Gobierno reunió a todos. Son los interlocutores con la Administración del Estado y también mantienen relaciones bilaterales con el Govern. Las elecciones generales del 14 de marzo del pasado año supusieron un vuelco en uno de los niveles de la Administración del Estado, concretamente el que supone una prolongación directa del delegado del Gobierno. Lógicamente cambió el delegado del Gobierno -Socías sustituyó a Miquel Ramis- y eso provocó el relevo de los cargos de la Delegación y de los directores de área más «políticos». Las direcciones de área son las sucesoras de las direcciones provinciales de Ministerios que, en estos años han ido perdiendo competencias. Son cargos con competencias residuales pero que tienen un alto valor político. Aunque el nombramiento llega «de Madrid», se concreta previa consulta al delegado del Gobierno.
Mercè Amer, por ejemplo, sustituyó en la dirección de Educación (que tiene a su cargo la Alta Inspección) a la hermana de la vicepresidenta Rosa Estaràs. Todavía queda un puesto sin cubrir, la dirección de Comercio. El nivel político más alto de la Administración del Estado se halla en el edificio de la Delegación del Gobierno. Lo dirige Socías y tras él, el secretario general de la Delegación, cargo que ocupa Ramón Morey, ex concejal de Palma y ex director general del Govern en la época del Pacte. Morey no es un simple funcionario. De hecho es un interlocutor permanente de otros cargos de la Administración, incluidos los delegados provinciales y los directores insulares o subdelegados. Fernando Monar, actual vicesecretario, ya ocupó un cargo en la Delegación en la primera etapa de Gobierno del PSOE en España. Luego fue asesor de Francesc Triay en el Consell. A este núcleo de gente «totalmente afín» al PSOE hay que añadir a Jaume Colom (jefe de Gabinete, que también fue director general con el Pacte) y a dos asesores: Albert Moragues (diputado en la pasada legislatura) y a Jordi Bayona. A Bayona, ex director general de Comunicación con Antich, se le atribuye un gran protagonismo en esta nueva etapa y hay quienes le tienen como una especie de «coordinador» entre Socías y Antich, el secretario general de los socialistas de Balears.Todos los ministerios tienen representantes -como refleja el gráfico- y todos representan al Estado en las Islas. Hay un caso peculiar, el de la Autoridad Portuaria. Aunque nombrado a propuesta del Govern de Balears, depende del Ministerio de Fomento. Joan Verger ocupa este cargo. El Ministerio de Economía tiene autonomía propia. Del delegado de la Agencia Tributaria, Raúl Burillo, dependen cinco jefes regionales. Además, cuenta con una delegada especial, Rosa Barber. No todos los cargos son de contenido político. Lógicamente, dependen de la Administración del Estado (concretamente de Interior), la Policía y la Guardia Civil. El delegado preside las juntas de seguridad.Incluso el CNI (es decir, el servicio de información y espionaje) tiene una delegación en Balears pero, por razones obvias, ni su nombre ni su «despacho» se hacen públicos. Además de los cargos que se relacionan en esta página, el peso «del Estado» se conpleta con una serie de altos funcionarios sin competencias políticas, algunos de los cuáles no fueron sustituidos cuando cambió el Gobierno. Son los encargados de hacer funcionar la «maquinaria del Estado» en las Islas, incluyendo los responsables policiales y de seguridad ciudadana, pasando por los responsables de Hacienda o del Catastro, de aeropuerto y organismos autónomos a quienes se encargan de la Intendencia y de pagar las nóminas y mantener engrasada la Administración. El Gobierno dispone, además, de un grupo de abogados y letrados a cuyo frente se encuentra Tomás Mir, jefe de la Abogacía del Estado. Son los encargados de analizar cualquier conflicto jurídico de competencias. «No somos una administración paralela, ni un gobierno a la sombra, somos la Administración», precisó un alto cargo político estatal cuando este diario le planteó la cuestión.