LL.L
Cerca de 900 ciudadanos extracomunitarios acuden cada día al
Ajuntament de Palma para pedir un certificado de empadronamiento
que les sirva para regularizar su situación. El próximo 7 de
febrero entrará en vigor el nuevo reglamento de la Ley de
Extranjería.
La nueva normativa permitirá normalizar la situación a 30.000 extracomunitarios residentes en Balears. No obstante, estos ciudadanos deberán contar con una oferta de trabajo con una duración mínima de seis meses, con un certificado penal que demuestre que no tienen causas pendientes con la justicia de su país de origen, y con un certificado de empadronamiento que demuestre que están residiendo en el Estado español desde seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento, es decir, desde el 7 de julio.
La regidora de Població del Ajuntament de Palma, Catalina Terrasa, confirmó ayer que durante las últimas semanas se ha registrado un incremento significativo en la demanda de certificados de empadronamiento. De hecho, según el Servei de Població del Ajuntament de Palma, la expedición de estos documentos han aumentado de una manera espectacular ya que el lunes mismo se llegaron a entregar a los ciudadanos 887 certificados cuando en un día normal se suelen expedir entre 450 y 500. En cualquier caso, el incremento de solicitudes de certificados de empadronamiento no se ha producido de repente ya que hace quince días se estaban entregando unos 600 cada día.
La mayoría de los ciudadanos que están pidiendo este tipo de documentos son originarios de America Latina y de Africa. De momento, el Ajuntament de Palma no tiene previsto reforzar con efectivos la oficina de población ya que prevén que este incremento sea puntual. En cualquier caso, si se mantienen estas cifras durante un tiempo, Terrasa aseguró ayer que dotaría de más medios a los servicios de población para atender el aluvión de ciudadanos que solicitan certificados de empadronamiento.
Uno de los problemas añadidos a la situación es que las entidades bancarias que expiden certificados de empadronamiento en sus cajeros no incluyen la antiguedad de la residencia del ciudadano y, por lo tanto, no sirven para demostrar que se reside en el Estado español desde antes del 7 de julio del pasado año.