La Comisión Europea decidió ayer denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir la legislación medioambiental en Valencia, Alicante, Almería y Balears. La denuncia contra España referente a Balears responde a la falta de valoración de los efectos de la extracción de arena y de la regeneración artificial de playas en áreas naturales importantes de la costa mediterránea española, principalmente en la provincia de Alicante y en nuestra comunidad. Esas áreas albergan especies y ecosistemas raros o en peligro de extinción, como la tortuga marina Caretta caretta y los lechos de Posidonia oceanica.
Las regeneraciones denunciadas se realizaron en 2002 y fueron ordenadas por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. En ese año, decenas de miles de metros cúbicos de arena del yacimiento submarino situado frente a la costa de Banyalbufar fueron extraídas para regenerar las playas de Alcúdia, Muro, Can Picafort, Cala Millor en Mallorca y las de Sant Antoni, s'Aigua Blanca y es Figueral en Eivissa. También se previeron extracciones en el yacimiento de cap Salines, aunque finalmente no se realizaron.
El Ejecutivo comunitario ha criticado que las autoridades españolas no evaluaran entonces los efectos de los proyectos en cuestión en esas zonas, lo que supone un incumplimiento «no sólo de la Directiva sobre hábitats, sino también de la Directiva sobre evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente».