El nuevo reglamento del Consell de Mallorca continuará en vigor hasta que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) se pronuncie al respecto. El Consell acaba de recibir un auto del TSJB que rechaza las peticiones formuladas por la oposición para que suspendiera la eficacia de alguno de los artículos. En su auto, los ponentes no se pronuncian sobre el fondo de la cuestión, pero del análisis del recurso planteado por Andreu Crespí (PSOE), Joan Antoni Salas (PSM) y Margalida Rosselló (EU-EV) entienden que no cabe suspender los artículos recurridos.
Entre otras cuestiones, la oposición pedía la suspensión de las limitaciones impuestas para el acceso al salón de plenos. Es en este punto en el único donde el Tribunal entra parcialmente a analizar el fondo de la cuestión. Asegura que la polémica disposición de la presidenta «sí viene justificada por razones de interés público» y añade que lo único que se pretende es «efectuar una distribución del limitado aforo y ordenar el sistema de obtención de credenciales o invitaciones».La oposición pedía la suspensión del artículo que obliga a todos los partidos, excepto a la propia presidenta del Consell, a incluir una motivación a la hora de solicitar un pleno extraordinario. PSOE, PSM y EU-EV reclamaban además que no se autorice a la presidenta a celebrar sesiones a puerta cerrada por razones de orden público. El TSJB no analiza ninguna de estas peticiones, pero sí considera que no se produce un gran quebranto si se mantienen en vigor hasta que llegue la sentencia definitiva. La oposición impugnaba las restricciones impuestas por el nuevo reglamento a la hora de permitir que los partidos presenten un determinados número de preguntas o mociones en el pleno. «Desde la perspectiva de la justicia cautelar no se aprecia que la restricción de derechos sea manifiestamente ilegal o al menos hasta el punto de hacer totalmente inefectiva la labor de control suprimiéndola por completo», señala el auto del TSJB. La aprobación de este reglamento, que limita la labor de la oposición en los plenos del Consell, causó una gran polémica en su momento. Por el momento, la primera batalla judicial la ha ganado el gobierno insular frente a la impugnación hecha por la oposición.