Aunque últimamente algo silenciada por efecto del terremoto Ibarretxe, la polémica de los llamados «papeles de Salamanca» todavía resuena y ha de traer cola en las próximas semanas. No es de extrañar en un país en el que casi cualquier cosa es motivo de pelea y de exageración. Y así ocurre con este asunto. Salamanca acoge hoy el archivo de la Guerra Civil que reúne documentos y legajos usurpados por las tropas franquistas como botín de guerra a sus dueños legítimos, que eran las instituciones democráticas de 1939.
Hoy la ciudad castellano-leonesa se enorgullece de poseer ese archivo y está dispuesta a mantenerlo intacto pase lo que pase y haciendo oídos sordos a cualquier clase de argumentación. Como si, en efecto, siguiera considerándolo un botín de guerra.
Nuestra tan laureada Transición tuvo el efecto balsámico de calmar los ánimos, enterrar los odios y pasar página en una historia tan turbulenta que era incómodo destapar. Pero aquella generación de la Guerra Civil está a punto de desaparecer, España es hoy un país distinto y resulta lógico y natural que lo que en su día fue arrebatado de forma ilegal, por las armas y con el espíritu fascista que dirigía al ejército rebelde, sea retornado de forma civilizada al lugar que le corresponde. Por eso resulta increíble la postura del alcalde salmantino, que incluso ha vallado el edificio que alberga el archivo ¿por temor quizá a un asalto catalán? España necesita un archivo general de la guerra, de la represión y del franquismo. Quizá Salamanca sea el lugar idóneo. Pero algunos documentos podrían conservarse allí en forma de copias fidedignas mientras los originales vuelven a sus propietarios, con una disculpa institucional además por el daño hecho y nunca reparado.