Demasiadas veces la administración de justicia nos sorprende con decisiones difíciles de comprender. La última -por ahora- ha sido la excarcelación del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafá, condenado a quince meses de prisión por escribir y publicar un libro en el que da toda clase de explicaciones sobre cómo maltratar a una mujer sin dejar huella, además de otras perlas similares.
Se dan en este individuo dos variantes peligrosas. Una, que es un elemento influyente en su comunidad -los musulmanes de su ciudad-, y otra, que hace gala de una mentalidad flagrantemente machista y violenta. Es, por tanto, un apologista de la violencia. De la violencia contra la mujer, una lacra que se está cobrando vidas humanas cada día.
Pues ese señor está ya en la calle, dispuesto seguramente a continuar con su tarea de promover los malos tratos y las torturas, porque nunca se ha arrepentido de su delito y tampoco ha pedido disculpas. Por decisión judicial. Porque la justicia considera que en la cárcel no se reformaría. Eso ya lo sabemos. En la cárcel no se reforma nadie. Al contrario. Pero ahí están miles de presos, algunos con delitos mucho menos peligrosos que el de este hombre.
La Audiencia de Barcelona, responsable de la decisión, le ha conmutado la pena impuesta por un cursillo sobre la Constitución y los derechos humanos. Quizá siguiendo este mismo sistema, miles de pequeños traficantes podrían emprender una nueva vida lejos de la celda donde cumplen condena. Y no es así. De forma que este asunto huele demasiado a trato de favor. ¿Por qué? Quizá como un gesto de simpatía hacia la comunidad árabe, que ha corrido el riesgo de sentirse presionada por la sociedad española tras los atentados de marzo. Si fuera así, desde luego ésta no es la manera. El delito está cometido, juzgado y sentenciado. Que cumpla su condena.