Hace tiempo que muchas voces empiezan a reclamar alto y claro una modificación del sistema autonómico que tenemos al considerar que la definición actual ha quedado ya superada por el propio desarrollo histórico del país. Es un debate largo y denso que se bifurca en mil y un caminos diferentes. Pero, aparte de que ese debate deba producirse con calma y con espíritu de consenso, debemos estar de acuerdo en algunas cuestiones básicas que nos tocan de cerca y de lleno todos los días. Nuestra Comunitat Autònoma tiene transferidas buen número de competencias que antaño ostentaba el Estado central y esa autonomía de gestión debería ser, lisa y llanamente, total y absoluta. Es decir, con una completa capacidad de decisión. Y eso no sucede ahora. ¿Qué ocurre? Pues que la incapacidad autofinanciera que padecemos nos impide hacer las cosas como queremos y nos obliga a depender en exceso de los planteamientos de Madrid. Ahora mismo esto está pasando con un asunto tan pragmático como son las carreteras que se construyen o se proyectan en Balears, cuyo modelo tiene que venir avalado por los técnicos del Ministerio de Fomento del Gobierno central para que puedan contar con financiación estatal.
¿Desde cuándo en Madrid saben cuáles son nuestras necesidades viarias? ¿Qué importancia puede tener en la capital el ancho de nuestras carreteras, el número de carriles, los arcenes, etc? Someter nuestra política de carreteras a los caprichos de una entidad lejana sólo puede conducir a entorpecer todo el proceso y a alargarlo innecesariamente. Si contamos con una Conselleria d'Obres Públiques, que sean sus responsables y sus técnicos los que decidan cómo serán nuestras vías -siempre procurando alcanzar el máximo nivel de consenso con todos los grupos representados en el Parlament- y que Madrid se limite a financiarlas.