El Govern, a través de una enmienda que presentó ayer el grupo parlamentario popular, anulará a partir del uno de enero del próximo año los concursos para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación y explotación de instalaciones náuticas-deportivas que estén pendientes de resolución y que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley. Esta medida, que fue introducida ayer por sorpresa en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos, podría tener una gran importancia en el conflicto judicial que mantiene la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, con una empresa que aspiraba a gestionar el club de vela de Andratx. Esta sociedad ha presentado una querella contra de Cabrer por no haber resuelto un concurso para adjudicar la concesión administrativa para la ocupación y explotación de instalaciones náuticas-deportivas. Cabrer acusó a dicha empresa de intentar extorsinar al Govern para conseguir la concesión y recordó que ella no podía resolver porque era socia del club de vela de Andratx.
La enmienda presentada por el PP añade, en un segundo artículo que también será incorporado en la tramitación de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que los licitadores que hayan presentado «los procedimientos de adjudicación de concesiones tendrán derecho a ser indemnizados de todos los gastos debidamente justificados y que hayan estado directamente consistentes, y exclusivamente, en gastos de redacción del proyecto básico, de realización de planos, de constitución, mantenimiento y cancelación de fianza provsional y, si es el caso, de la fianza adicional provisional». Es decir, estas empresas no tendrán derecho a solicitar el lucro censante ante la administración autonómica por los supuestos beneficios que hubiesen conseguido en caso de obtener la adjudicación. Si se aprueba este artículo de los presupuestos que entrarán en vigor el día 1 de enero, las empresas que opten a concursos de servicios portuarios deberán conformarse con recibir el dinero que hayan invertido en gastos burocráticos.