Cort ha decidido aparcar el proyecto de soterramiento de la autovía de Llevant en el tramo frente a la fachada marítima. El teniente de alcalde d'Urbanisme del Ajuntament, Javier Rodrigo de Santos, lo confirmó ayer en la comisión informativa convocada en el Ajuntament en la que cada miembro del equipo de gobierno presentó sus presupuestos para el año que viene.
«No es una prioridad ni financiera ni política», admitió el concejal. Rodrigo de Santos reconoció que en los presupuestos del año que viene no se incluye ninguna previsión económica para acometer el inicio de la obra y aseguró que, por parte de la institución municipal, el asunto queda «congelado».
El teniente de alcalde d'Urbanisme vinculó la posible realización de esta obra a la prevista ampliación del puerto de Palma en la zona del Dique del Oeste. «Toda la previsión queda condicionada al desarrollo de la ampliación del puerto y al uso ciudadano que se dé al Moll Vell cuando el tráfico de mercancías se traslade al Dique del Oeste», dijo. En otras palabras, que hasta que no haya ampliación del puerto, no habrá soterramiento del tráfico.Pero no fue ésta la única información relevante que ofreció el teniente de alcalde d'Urbanisme sobre sus presupuestos. Adelantó que Govern y Cort deberán renegociar el convenio firmado en su día para ejecutar la fase de urbanización de la fachada marítima debido a una serie de problemas planteados por la Agencia Tributaria.
Rodrigo de Santos explicó que, tal y como está planteado el convenio, el Ajuntament de Palma debería pagar a Hacienda cuatro millones de euros en concepto de IVA por toda la operación urbanística. Para tratar de eludir el pago de este IVA, que en ningún caso revertiría ni en las arcas municipales ni en las de la Comunitat ya que se trata de impuesto del Gobierno central, Rodrigo de Santos explicó que la Direcció General de Tributs del Govern y el propio Ajuntament están estudiando la posibilidad de que sea la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) quien firme el convenio.
Sería el EMOP quien pagaría los cuatro millones de IVA, que luego volverían al Ajuntament tras la devolución de Hacienda. «El Ajuntament y el Govern deberán replantearse todo el convenio para que los ciudadanos no pierdan estos cuatro millones de euros», afirmó el teniente de alcalde en la reunión.
Esta opción evitaría, además, que el Ajuntament de Palma tuviera que ceder los terrenos de la fachada marítima a la empresa municipal, según Javier Rodrigo de Santos.