Los territorios inscritos en la categoría de parques nacionales disfrutan en nuestro país de la máxima protección por ser considerados auténticas joyas naturales y hasta ahora eran el Estado y las comunidades autónomas afectadas los encargados de su gestión. A partir de hoy, según una sentencia del Tribunal Constitucional, la gestión de estos espacios será exclusiva para las autonomías, de forma que el parque nacional marítimo terrestre de Cabrera pasará a ser competencia del Govern balear en lo que, a priori debemos considerar una excelente noticia. Porque el principio de cercanía debe ser considerado positivo y está claro que las instituciones de Balears tienen que saber cómo gestionar una de sus islas que ha logrado el extraordinario grado de conservación de que goza por el papel del Ejército.
Pese a ello, para los grupos ecologistas se presentan algunas dudas, porque consideran que el Govern balear del PP no se ha destacado precisamente a lo largo de su trayectoria por su afán protector del territorio.
De ahí que grupos como el GOB, que ha acogido con satisfacción la decisión del Constitucional, hayan también manifestado cierta preocupación al respecto. De entrada, hemos de suponer que la protección que otorga la calificación de parque nacional es inamovible.
Como suele ocurrir en estos casos, hay que dar un voto de confianza al que se estrena en el cargo. Cabrera es, hoy por hoy, una de las joyas del Mediterráneo y debe seguir siéndolo. De todos es sabido que la supervivencia y el desarrollo de la fauna y la flora dependen de la presencia humana y de su actividad. De ahí que en Cabrera las limitaciones deban seguir siendo extremas. Ya hemos destrozado el resto del Archipiélago, dejemos este reducto en paz.