La oleada de laicismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado en nuestro país está abriéndose en varios frentes. A la aprobación de una ley que permite el matrimonio entre homosexuales y a la decisión de rebajar la categoría curricular de la asignatura de Religión en la enseñanza obligatoria se suceden ahora nuevos capítulos.
La campaña sobre la eutanasia, las discusiones sobre el posible recorte de las ayudas institucionales a la Iglesia católica y la aparición de «bautizos civiles» no ha hecho más que añadir leña al fuego. Y no es para menos.
Porque hay que reconocer que la Iglesia ha tenido durante siglos una situación privilegiada en España. Y ha sido así porque una mayoría aplastante de los españoles era creyente y practicante y, no lo olvidemos, porque los gobiernos estuvieron siempre al lado de la jerarquía eclesiástica, que ha gozado de un poder incontestable.
Hoy vivimos otros tiempos. España es un país muy diferente. La mayoría sigue siendo de confesión católica, pero practicantes hay ya muchos menos. Y además tenemos otros cultos, a raíz de la inmigración creciente.
De ahí que tenga fundamento plantearse la continuidad de la Religión como asignatura en la educación pública y de ahí que se plantee también recortar las ayudas institucionales a la Iglesia.
Sin embargo, legislar la eutanasia nada tiene que ver con todo esto. Se trata de un asunto social, sanitario y humanitario y, por ende, competencia del Gobierno. Las opiniones de la Iglesia serán sólo eso, opiniones.
Luego están asuntos tan patéticos como eso del «bautismo civil» que resultaría nimio si no fuera porque equivale a reírse de un sacramento sagrado para millones de personas.