El reparto de las terminales del aeropuerto de Barajas ha sacado a la luz la pugna soterrada que mantienen Iberia, Spanair y Air Europa desde hace tiempo, que tuvo su colofón mediático a finales del pasado año con el cisma en el seno de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), con la creación de la Asociación de Compañías Españolas de Transporte (ACETA), liderada por Iberia y Air Europa, mientras que AECA está liderada por Spanair.
La historia se remonta a la pasada legislatura, en la que el entonces ministro de Fomento, Francisco Àlvarez Cascos, «repartió» la nueva terminal T-4 de acuerdo a unos criterios que no ha respetado el actual equipo gestor.
En este sentido, la decisión de la actual ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, revoca los acuerdos adoptados el 30 de junio de 2003 y 31 de marzo de 2004 por el anterior equipo del ente gestor de los aeropuertos españoles, que le concedió a Spanair los espacios de la nueva terminal T4 junto a Iberia.
Este cambio de actitud es lo que ha provocado la reacción airada de la compañía que preside Gonzalo Pascual, quien en el último año ha mantenido una pugna dialéctica con los responsables de Iberia, entre ellos Enrique Donaire y el propio presidente de la aerolínea Francisco Conte, con los que en algunos momentos ha habido más una discusión airada y plagada de acusaciones.
Spanair, en defensa de sus intereses, ha advertido que la resolución de AENA por la que adjudica a Iberia y a la alianza de la que forma parte Oneworld, la cuarta terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, puede producir importantes perjuicios a Spanair y a sus aliados por lo que podrían ser indemnizados.
Y como no era de extrañar, las patronales aéreas también han entrado a trapo. Así, AECA y la Asociación de Compañías Aéreas de España (ACA), de las que forma parte Spanair, rechazaron ayer de plano el actual reparto y calificaron la decisión de AENA de «arbitraria y discriminatoria».
En su opinión, el equipo directivo de AENA, que preside Manuel Azuaga, «ha dejado pasar una oportunidad para poner las bases de una política aérea basada en la libre concurrencia de aerolíneas».