La inversión pública del Estado en Balears alcanzó el 0,71 por ciento del total de España en el periodo 1997-2003, bajo los Gobiernos del Partido Popular, según recoge un estudio publicado por los profesores de la Universitat de Barcelona Jordi Pons y Ramon Tremosa en la revista «El Temps», con datos correspondientes a la liquidación del capítulo 6 (infraestructuras) de los Presupuestos Generales del Estado. Ello sitúa a las Islas como la Comunidad Autónoma que menos inversión pública recibió en el periodo analizado (ver gráfico), sólo por detrás de Navarra (0,37 por ciento), aunque esta comunidad se rige por un concierto económico y recibe un volumen de inversión calificado de «simbólico» por los autores del estudio. El País Vasco (1,08 por ciento), que también cuenta con un sistema de concierto económico, recibió volumen de inversión pública superior a Balears.
La información territorializada disponible para el resto de capítulos de gasto público confirma la tendencia observada en la inversión en infraestructuras. Balears (0,74 por ciento) está en el grupo de cola mientras que a la cabeza se sitúan Andalucía (12,35 por ciento), Madrid (12,21 por ciento), que cuenta con toda la inversión de «servicios centrales», y la Comunidad Valenciana (5,16 por ciento). El estudio sostiene que «los criterios de distribución territorial de la inversión y del gasto público de los gobiernos del PP no guardan relación con las necesidades de los territorios más productivos, sino que responden a una primacía de los criterios de solidaridad interterritorial sobre los de eficiencia económica, allí donde los dineros públicos pueden generar mayores efectos multiplicadores. Así, los gobiernos del PP no han sido nada diferentes a los anteriores del PSOE», concluyen.
En cuanto a aportación, el estudio indica que archipiélago fue la novena autonomía por volumen de recaudación tributaria neta en el periodo 1997 y 2003, con una media del 1,59 por ciento del total de Español, situándose a la cabeza (Madrid 45,5 por ciento), donde tributan la mayoría de multinacionales españolas, seguida de Catalunya (21,44 por ciento) y Comunidad Valenciana (6,98 por ciento), según datos de la Agencia Tributaria.