Varios agentes de la Policía Local de Palma de Mallorca procedieron, ayer por la tarde, a precintar las instalaciones de las tres empresas que hasta ahora trabajaban en las dos canteras de la zona de Establiments -Can Rosselló y sa Garrigueta Rassa-.
De este modo, terminaba, sin que se registrasen incidentes, un proceso que se había iniciado el pasado miércoles, cuando la Policía Local entregó el decreto de cierre firmado por la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, en el que se informaba a Contratistas Mallorquines Asociados, Gravillera Can Rosselló y Readymix Asland de que disponían de 48 horas para clausurar sus instalaciones, al carecer de las preceptivas licencias de actividad.
En una visita realizada ayer por la mañana a las dos canteras citadas por parte de varios técnicos de la Regidoria d'Urbanisme, pudo comprobarse que ambas seguían desarrollando su actividad extractiva al cien por cien, por lo que el teniente de alcalde de Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, y el secretario de Cort, Agustí Estela, firmaron una nueva orden, para proceder, de inmediato, al precinto de las mencionadas instalaciones, hecho que tuvo lugar sobre las 18.30 horas.
La empresa Gravillera Can Rosselló presentó, fuera de plazo, una petición para poder mantener unos días más abiertas sus instalaciones, con el fin de poder retirar el material. Dicha solicitud será estudiada ahora por los servicios técnicos del Consistorio, pero, en cualquier caso, el Ajuntament sólo autorizaría una apertura vigilada durante uno o dos días, el tiempo justo para que pueda ser retirado el material. Readymix Asland, por su parte, anunció el pasado jueves que si el cierre se hacía finalmente efectivo, reclamaría ante los tribunales «la responsabilidad económica» que se derivaría del mismo, que ha cifrado en 36 millones de euros, al defender que estaba actuando «dentro de la legalidad».
Cabe recordar que las citadas canteras empezaron su actividad en los años cincuenta. Sin embargo, no fue hasta los años ochenta cuando las dos empresas que allí trabajaban solicitaron por primera vez la licencia de actividad. La última fue en 2002. Nunca la obtuvieron. Mientras tanto, a lo largo de dos décadas, hubo varios contenciosos entre los vecinos de Establiments y las empresas, y entre éstas y el Ajuntament.