El conseller d'Economia, Lluís Ramis de Ayreflor, recordó que se trata de un asunto firmado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aseguró que ello obliga al Gobierno central a cumplir la lo firmado y, en caso de conflicto, tiene la obligación previa de convocar a la comisión mixta antes de tomar cualquier iniciativa. «Lo que no puede hacer el ministerio es tomar una decisión de forma unilateral y pretender ser juez y parte, porque eso corresponde a épocas de dictaduras», opinó el conseller d'Economia. El conseller insistió en que el Govern balear agotará todas las vías políticas posibles antes de presentar el recurso ante los tribunales pero insistió en que el Gobierno está obligado a respetar la legalidad de los acuerdos previos.
En los mismos términos se expresó la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, según informó un portavoz de la Conselleria. Antes de llevar a cabo estas acciones judiciales, el departamento que dirige Mabel Cabrer esperará a ver si los presupuestos del Estado para el próximo año sufren alguna modificación en este sentido durante la tramitación de las enmiendas. Si no se producen cambios y las conversaciones que se espera mantener con el ministerio no frutifican, la única salida que le queda al Ejecutivo es llevar el asunto ante los jueces.
En cualquier caso, al margen de las posibles acciones judiciales que pueda emprender el Govern, tanto el conseller d'Economia, Lluís Ramis de Ayreflor, como el portavoz de la consellera d'Obres Públiques confirmaron que la intención del Ejecutivo es seguir adelante con los proyectos de carreteras. En principio, todavía confían en que la financiación llegue del ministerio; si no es así, ambas conselleries estudiarán mecanismos alternativos de financiación.