La intervención del delegado del Gobierno debe ser inmediata para salvar el Mollet de s'Oberta. Y ello por varias razones. Los cincuenta o sesenta usuarios del Mollet de s'Oberta con barcos de cuatro metros o menos de eslora son en su mayoría gente sencilla, y no son precisamente ricos. No los quieren en ningún lugar por no ser rentables. En segundo lugar no es de recibo que un muelle construido con urgencia por Demarcación de Costas cuando el Gobierno estaba en manos del PP a los dos años sea demolido por la misma institución por estar ahora en manos del PSOE. En tercer lugar no es admisible el procedimiento dictatorial empleado (desde luego nulo de pleno derecho) dejando notificaciones sin firma alguna en el suelo, hablando de desacato a la autoridad y sin tener constancia de que los usuarios hayan recibido las notificaciones. Demarcación de Costas no puede demoler algo que, una vez arreglado, tiene una gran utilidad social. Y no puede politizar un asunto en perjuicio de unos sencillos usuarios. Con la demolición se pretende, además de echar por tierra una actuación urgente de Jaume Matas, acabar con un problema de reparación que parece no saben cómo resolver y no tener además que aclarar las cosas a Marina Mercante, que les exige, con razón, unos planos y condicionamientos para poder informar favorablemente sobre las peticiones particulares, siéndole difícil a Demarcación de Costas denegar estas peticiones porque es la responsable de esta situación. Si quieren quitarse, como parece deducirse, «el muerto de encima», podrían transferir las competencias a la Comunitat Autònoma ya mediante concesión, autorización, convenio o adscripción, y sería ésta la institución que lo repararía y lo gestionaría.
El delegado del Gobierno, que, contra la ignorancia de Madrid, conoce las necesidades de Mallorca, debe intervenir inmediatamente.