El fiscal Ladislao Roig se adhirió ayer a las tesis defendidas por los abogados de los imputados en el «caso Parc Bit», la ex consellera de Innovació i Tecnologia Misericòrdia Ramon, y del ex gerente de ese complejo Felio Morey, y expresó su opinión desfavorable a que la causa sea enjuiciada por un tribunal popular. El Ministerio Fiscal, y también el abogado Eduardo Valdivia, defensor de Ramon, propugna la retroacción de la causa al entender de que el supuesto delito de falsedad documental introducido por la acusación particular -ejercida por el letrado Carles Perelló en nombre del Partido Popular- en el escrito de acusación no es competencia de un jurado popular. El fiscal considera que esa cuestión «causa una notoria indefensión» a los imputados, en la misma línea del abogado Valdivia, quien argumentó ante el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Eduardo Calderón, que «se nos acusa de cosas de las que carecemos de información», en directa alusión al delito de falsedad documental. «No nos hemos podido defender ante una acusación sorpresa, con marcados ribetes políticos, por ello esta parte solicita la vuelta atrás del procedimiento», alegó Valdivia en la vista celebrada ayer en la Audiencia de Palma.
El letrado Miguel Angel Cardell, del despacho de Gabriel Garcías y defensor de Felio Morey, por su parte, recordó que de los supuestos delitos iniciales de fraude y tráfico de influencias se había pasado a falsedad documental, «de lo que no estábamos imputados, lo que nos causa una clara indefensión», dijo.
El abogado Carles Perelló, por su parte, se opuso a las opiniones de sus colegas y del fiscal, y aseguró que entre los delitos de fraude y falsedad documental «existe una conexión necesaria», tal y cómo ya lo reflejaba el escrito de la querella. «No existe el factor sorpresa mencionado por las defensas porque los delitos son conocidos desde enero de 2002», aseguró Perelló.