La constitución del consorcio turístico, en el que están integrados Govern, Gobierno central, CIM y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, «permitirá dotar de medios humanos y materiales para proyectar el master plan y todos los proyectos a ejecutar en la zona.
Le hemos pedido al ministro que venga a Palma al acto de la firma, que queremos que sea conjunta con la constitución de la comisión mixta de Turismo contemplada en el Régimen Especial de Balears, aunque ello dependerá de cómo tenga la agenda», señalaba el conseller Flaquer tras finalizar el encuentro, en el que acudió acompañado por sus directores generales Eduardo Gamero, Josep Aloy y el gerente de Ibatur, Raimundo Alabern.
El consorcio turístico funcionará como una especie de gerencia de urbanismo que gestionará todo el desarrollo del plan de reconversión integral de la Platja de Palma, estableciendo prioridades y las fases de ejecución y regulará todo el esponjamiento del PERI en s'Arenal. El plazo de ejecución de obras durará como mínimo entre diez y quince años y, según los expertos y patronal de construcción, la inversión global superar los mil millones de euros.
El presidente de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma, Jordi Cabrer, se mostraba ayer muy satisfecho por la decisión del Gobierno central: «Es una noticia extraordinaria y muy positiva para toda la zona de la Platja de Palma».
El conseller Flaquer también se mostraba optimista por la predisposición mostrada por Montilla, aunque reconoció que todo lo que se había hablado tenía que ratificarse. «Hay predisposición total por parte del Ministerio para firmar este plan, que comenzará con el lanzamiento de un concurso abierto a los urbanistas para que presenten sus proyectos con el objetivo del desarrollo concreto del plan en todas sus fases por la amplitud y magnitud del mismo».
El conseller de Comerç, Josep Juan Cardona, por su parte, ha solicitado una nueva entrevista con el ministro José Montilla para reiterar su petición de que la política comercial estatal tenga en cuenta el hecho insular e intentar resolver posibles conflicto de competencias, ya que en caso se entrará en una vía de recursos del Govern contra la Administración central.