La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia está a la espera de conocer el dictamen de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma para conocer si el proyecto de ley de horarios comerciales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, invade las competencias del Govern en materia de ordenación del comercio interior. Cuando los servicios jurídicos se pronuncien, el conseller de Comerç, Josep Juan Cardona, convocará una reunión del Consell Assessor de Comerç -organismo que integra a las patronales del sector, sindicatos, consumidores y consells insulars- y tomará la decisión oportuna, sin descartar un posible recurso por invasión de competencias.
Cardona afirmó ayer que el Govern no quiere discutir el contenido del proyecto de ley de horarios, sino clarificar a que administración corresponde la regulación comercial en las Islas. Recordó que el Gobierno es competente en ordenación económica y que el Govern los es en ordenación del comercio interior, por lo que afirmó que la postura última del Govern se basará en criterios técnicos.
En todo caso, el conseller de Comerç propuso por dos veces al ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, alcanzar un acuerdo entre las dos administraciones para definir esta cuestión y consensuar la regulación de horarios comerciales en las Islas, aunque indicó que el ministro no le contestó.
«Hemos perdido una oportunidad para conseguir una solución definitiva», consideró el conseller de Comerç. Cabe recordar que el proyecto de ley de horarios comerciales aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes por vía de urgencia, establece la apertura mínima de doce domingos o festivos anuales en el sector comercial, dejando a las Comunidades Autónomas la posibilidad de aumentarlos ilimitadamente o reducirlos hasta un mínimo de ocho, en función de sus necesidades. Las patronales del pequeño y mediano comercio de las Islas, Pimeco y Afedeco, rechazan esta posibilidad y reivindican lo establecido por la Ley de comercio balear, aprobada en el Parlament en el mes de junio de 2001 y recurrida en parte por el Gobierno de José María Aznar ante el Tribunal Constitucional.
Esa norma permitía al conseller de Comerç establecer el número de festivos y domingos autorizados para la actividad comercial en el archipiélago, previa consulta al Consell Assessor de Comerç.