La proliferación de plazas turísticas comercializadas en Mallorca con la fórmula del «todo incluido», que en principio parece más apropiada para zonas turísticas del Caribe, no debe sorprender aunque provoque un fuerte debate entre sus defensores y sus detractores. No se puede evitar que este modelo gane terreno si existe un sector del mercado, cada vez más importante, que lo demanda, y si supone un excelente negocio para los hoteleros que lo implantan. Es la ley de la oferta y la demanda combinada con el derecho de cualquier empresario a ofrecer el producto que más le convenga. Demonizar este tipo de oferta por el simple hecho de que perjudique a otros negocios que también viven del turismo es una actitud basada más en el deseo de que nada cambie en el esquema del sector turístico que en la estrategia, más saludable, de intentar competir con quien se supone que es el «enemigo» empresarial. Y en esta batalla se juegan mucho los establecimientos de restauración de las zonas turísticas con mayor implantación del «todo incluido». Mejorar la oferta complementaria, especializarla, adecuar unos precios que resultan muchas veces escandalosos y abandonar la imagen de restaurante con platos combinados de foto pueden ser objetivos que contribuyan a atraer al visitante, lleve o no una pulsera de «todo incluido».
Lo que sí deben exigir todos, tanto los hoteleros como los touroperadores, los turistas y los restauradores es que se apliquen controles estrictos sobre el «todo incluido», tarea esta que corresponde a la Conselleria de Turisme, para que no se comercialicen plazas encubiertas bajo un modelo que, mal llevado, puede perjudicar seriamente la imagen de las Islas.
La oferta ilegal se esconde no sólo en camas no declaradas, sino también en aquéllas que se comercializan con un modelo que no se corresponde con la realidad.