Es como la pescadilla que se muerde la cola: son inmigrantes sin papeles que se han visto envueltos en hechos delictivos y sobre los que pesa una orden de expulsión. Como sobre ellos pesa una orden de expulsión no pueden solicitar papeles aunque no estén en la cárcel. Y sin papeles no pueden trabajar legalmente.
La Delegación del Gobierno en las Islas ha dictado este año cerca de 400 órdenes de expulsión (concretamente, 373) según publicaba Ultima Hora en su edición del pasado martes. Este año, sin embargo, únicamente se han ejecutado 81, según información obtenida por este diario en fuentes de la Brigada de Extranjería.
La proporción no es de las más altas de España. Según datos facilitados al Congreso por la Secretaría de Estado para la Inmigración (y que el anterior Ejecutivo del PP se negó a entregar al Parlamento), la Administración había dictado hasta principios de julio 117.768 órdenes de expulsión, de las que se habían ejecutado 32.749. En Balears, el colectivo más afectado por las expulsiones es el ecuatoriano.
Completar una expulsión es un proceso muy largo. Cada caso es individual y puede durar semanas o meses. En Balears se opta por las expulsiones de personas con delitos evidentes y por quienes tienen antecedentes. El simple hecho de no tener papeles no lleva aparejada la expulsión pese a que así lo prevé la Ley de Extranjería aprobada en época del PP. Un paso previo a la repatriación es el internamiento en un centro de custodia. En Balears no existe ninguno y debe reurrirse a otras comunidades.