999/2003. Así se conoce en la Sala Segunda del Tribunal Supremo el recurso de casación instado por Francisco Berga y Francisco Tous, los dos máximos responsables de la agencia de valores Brokerval, en contra de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Palma en 2003, presidida entonces por Antoni Terrasa, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que les condenó a una pena de seis años y nueve meses de prisión.
«Yo no volveré a prisión», declaró Berga a los periodistas cuando supo que había sido condenado por un tribunal que fijó las mismas penas solicitadas por un fiscal implacable, Joan Carrau.
Diez años después de que la denuncia de tres directivos precipitara el fin de Brokerval, una agencia de valores que contó con clientes de alcurnia en Balears, entre ellos el ex president del Govern, Gabriel Cañellas, el pleito sigue vivo. La instancia es el Tribunal Supremo y la pena sobre la que debe decidirse es la de apropiación indebida, un delito sobre el que Berga siempre se ha mostrado en desacuerdo: «Yo retribuía a los clientes con altas comisiones por confiarnos sus inversiones, pero de pronto, las cosas no fueron bien pero yo no me quedé con el dinero de nadie», dijo Berga en su momento, un empresario que saltó a la fama en todo el Estado al decidir huir a Panamá. Con esa acción, de la que él está arrepentido, recordó a otro prófugo célebre: Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil.
La pena de seis años y nueve meses que le impuso el tribunal de Palma -Berga anunció que, en todo caso, sólo cumplirá 4 años y 8 meses ya que se acogerá al código penal más beneficioso para él- impuesta por el tribunal es la misma que solicitó en el juicio el fiscal Joan Carrau. La sentencia recogió «la especial gravedad de los hechos» al condenar a Berga y Tous, teniendo en cuenta de que la agencia de valores Brokerval fue intervenida por la Policía en el verano de 1994 tras una denuncia presentada por tres altos cargos de la empresa. Las investigaciones policiales comprobaron un complejo entramado de empresas y particulares que habían decidido confiar su dinero a Berga a cambio de elevadas comisiones, entre ellas la UIB y la sociedad ISBA, participada por el Govern balear.
También se descubrió una partida de dinero invertida por el ex presidente del Ejecutivo balear Gabriel Cañellas, que más tarde dio origen a otro caso judicial, «Túnel de Sóller», en el que Cañellas fue declarado culpable de soborno, pero eludió la cárcel por la prescripción de los hechos.