El sindicato CCOO ha calculado que el Govern balear deberá pagar «aproximadamente» tres millones de euros para homologar las retribuciones de 1.500 empleados públicos afectados por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional y nulo un artículo de la Ley 5/1996 de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunitat Autònoma.
Así lo dijo ayer el secretario general de CCOO, Josep Benedicto, acompañado de Joan Calatayut, responsable del gabinete jurídico del sindicato y Fernando González, secretario general de la Federació de Serveis i Administracions Públiques de CCOO, explicando que después del análisis de la sentencia queda claro que ésta implica «la reclamación de las diferencias de cantidades no percibidas por cerca de 500 trabajadores de los hospitales General y Psiquiátrico, otros tantos del IBAS y el personal no docentes, unos 400, transferidos a Educació».
Reclamación
La reclamación de las diferencias se plantea por tres años -97,98 y
99- en el personal de los hospitales, para los dos primeros años en
el caso del personal de antiguo Inserso y de un año (1999) al
personal no docente de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Por su parte la Conselleria d'Interior ha informado que ha abierto un expediente para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, recordando que en el Consell de Govern de día 16 de julio el conseller d'Interior i Funció Pública, José María Rodríguez, informó al ejecutivo balear de que con fecha de 14 de julio había dado instrucciones para el inicio de un expediente con el fin de agilizar el cumplimiento de la sentencia que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears emitirá en breve y el 20 de julio la directora general de Funció Pública trasladó a la Mesa de Negociación las instrucciones.