El acuerdo alcanzado entre el Govern y el Ministerio de Fomento que garantiza el escrupuloso cumplimiento del pacto de carreteras es un ejemplo del sentido común que debe reinar en las relaciones de dos administraciones que no son del mismo color político. Para empezar, el convenio de carreteras está firmado y, por ley, tiene que cumplirse a rajatabla. Otra cuestión diferente es que el Govern, de manera inteligente, haya querido negociar algunos de los proyectos más polémicos para evitar los primeros conflictos con el Gobierno de Zapatero. Sea como sea, la competencia de construir carreteras es del Govern y no deben ser los socialistas de Balears los que impongan sus criterios en materia de infraestructuras. De la misma manera que no era justo ni leal que el Gobierno del PP impusiera su política de carreteras al Govern del Pacte.
Al margen de las relaciones institucionales, los proyectos pendientes deben negociarse, pero con urgencia. Los ciudadanos de Balears necesitan saber ya si se construirá el segundo cinturón de Palma y qué pasará con la polémica autovía Inca-Manacor, un proyecto con demasiados interrogantes. Resulta positivo, en cambio, que el Govern garantice todos los proyectos de Menorca y Eivissa, independientemente de llegar a acuerdos con el Ministerio de Fomento. Matas prometió a Palau y a Barceló que los proyectos de Eivissa y Menorca, respectivamente, nunca estarían en peligro.
Si el acuerdo de carreteras puede considerarse positivo desde el punto de vista institucional, sí hay motivos de preocupación sobre el futuro del tren. Si el Ministerio de Fomento no garantiza inversiones, las nuevas líneas ferroviarias en Mallorca nunca podrán construirse. Y el futuro del transporte pasa por el tren. Sin excusas.