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Mesquida hace entrega al Govern del edificio del Hospital Militar de Palma

El alto cargo de Defensa defiende la unidad política para alcanzar acuerdos

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El director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Joan Mesquida, entregó ayer al Govern de manera oficial el Hospital Militar de Palma, un inmueble que será reconvertido en un centro sociosanitario. En un acto celebrado en el mismo Hospital Militar, Gobierno central y Govern firmaron la entrega de los edificios militares a la Comunitat, que pagará 7,2 millones de euros. En la rúbrica del acuerdo estuvieron presentes, además de Mesquida, la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás; la consellera de Presidència, Rosa Puig, y el conseller de Economia, Lluis Ramis, además del delegado del Gobierno, Ramón Socías, entre otros.

Durante el acto, Mesquida recordó que cuando el Govern del Pacte intentó comprar el Hospital Militar «hubo reticencias desde el Gobierno central». «Cuando hay posicionamientos rigurosos y unidad política los proyectos prosperan», destacó Mesquida. Para el director general de Infraestructura de Defensa, la posición del Gobierno del PP a la hora de negociar con el Govern del Pacte «fue muy dura». Rosa Estarás admitió que cuando el PP llegó al poder en Balears «lo tuvo fácil para negociar la compra del Hospital Militar». «Defensa nos presentó el mismo acuerdo y lo aceptamos con una rebaja del 15 por ciento», respondió la «número dos» del Govern.

Las obras de reforma del Hospital Militar ascenderán a unos 7 millones de euros y estarán concluidas en un plazo máximo de dos años. El edificio de la calle Oms se rehabilitará para que pueda instalarse un centro de día con 20 plazas, una residencia con 30 plazas y talleres ocupacionales. En el dificio de la calle Sant Miquel, el Govern proyecta crear un centro especializado para enfermos de alzeimer, que será financiado conjuntamente por el gabinete balear y el Gobierno central. La compra del Hospital Militar comenzó a ser negociada por el Govern tras la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley presentada por el PP en el Parlament. La iniciativa se aprobó en 1999.

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