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El Govern lleva a los tribunales al Gobierno de ZP para anular la suspensión de la LOCE

Flaquer cuestiona el procedimiento utilizado por el Ejecutivo socialista para congelar la aplicación de la Ley de Calidad

El Govern teme que la suspensión de la LOCE afecte al inicio del próximo curso escolar.
Joan Flaquer.

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El Consell de Govern acordó ayer presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo en contra de la suspensión del calendario de aplicación de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE), aprobada por el Gobierno central hace una semana mediante un real decreto. El portavoz del Ejecutivo balear, Joan Flaquer, recalcó que el objetivo de la Comunitat Autònoma, contraria a la decisión adoptada por el Gobierno central, es que los tribunales anulen la suspensión de la LOCE. El Govern entiende que «no se ha tramitado el real decreto de conformidad con el procedimiento legalmente establecido».

En concreto, el Ejecutivo cuestiona que el Consejo de Estado sólo diese un plazo de tres horas para poder presentar alegaciones al dictamen favorable al real decreto que debía aprobar el Consejo de Ministros. El Consejo de Estado envió una comunicación por la cual informaba al Govern que tenía tres horas de margen para poder estudiar el expediente y presentar alegaciones. En ese plazo, un representante del Ejecutivo tenía que coger un vuelo hacia Madrid, desplazarse hasta la sede del Consejo de Estado, y estudiar el expediente antes de registrar las alegaciones.

El Govern presentó una carta de protesta ante el Consejo de Estado. «Creemos que el procedimiento, las maneras y la conducta que ha seguido el Gobierno central demuestra el nuevo estilo de Zapatero, el nuevo talante que nos ha ido vendiendo durante los últimos días», acusó el portavoz del Govern. La presentación de un recurso en contra de la LOCE supone el primer conflicto judicial entre el Govern de Matas y el Gobierno de Zapatero. Esta decisión del Ejecutivo se produce, además, cuando ambas administraciones habían iniciado negociaciones para reducir al máximo los litigios pendientes en el Tribunal Constitucional. Así lo acordaron hace apenas unas semanas el propio president del Govern, Jaume Matas, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

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