El ministro de Defensa, José Bono, anunciaba esta semana la total y completa retirada de soldados españoles en Irak. Allí ya no queda nadie, dijo casi triunfalmente, cumpliendo así una de las promesas electorales del Partido Socialista, arropada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país.
Al tiempo, el presidente de Estados Unidos anunciaba todo lo contrario, que sus tropas deberán permanecer en el país mucho más de lo previsto, a pesar de que se mantiene intacta la voluntad de entregar el poder a un Gobierno local el 30 de junio, pues el balance a día de hoy no puede ser más pesimista: terrorismo, torturas y rechazo mayoritario a la ocupación extranjera.
Pero ayer vino a colarse en este maremágnum de informaciones un dato estremecedor: 370 millones de euros nos ha costado a los contribuyentes la misión iraquí. O sea, nada menos que 62.000 millones de pesetas. Una barbaridad que deberá ser explicada punto por punto en un país, España, que necesita eso y mucho más en políticas que vayan desde la sanidad a la educación, pasando por el empleo y los servicios sociales.
Pero lo más grave es que la mayor parte de ese dineral no ha servido para ayudar a los iraquíes, más necesitados que nosotros, sino para hacer frente a los gastos propios de una misión militar técnicamente muy compleja y lógicamente muy cara.
Si a todo ello le añadimos las 13 víctimas mortales españolas que nos ha costado esa aventura, habrá que concluir que realmente el gran esfuerzo humano y económico realizado no ha valido la pena. Se han perdido vidas humanas y mucho dinero y se ha puesto en riesgo a cientos de soldados españoles. Los responsables no son los militares, que se han limitado a cumplir órdenes, sino los políticos, que prefirieron ser solidarios con Bush antes que con los ciudadanos españoles, que mayoritariamente clamaron por el fin de la guerra y por la no participación española.