El número de asuntos de divorcios y separaciones consensuada por los cónyuges, así como las separaciones contenciosos, han disminuido en los juzgados de Familia de Palma entre 2002 y 2003, según refleja la Memoria Judicial de 2003. Tan solo aumentan (de 280 en 2002 a 316 en 2003) los divorcios no pactados. Al igual que ocurre en los juzgados civiles ordinarios, los de Familia han visto aumentada su carga competencial, lo que «pronto aconsejará la creación de un cuarto juzgado», señala la Memoria.
En la estadística, destaca la privación de patria potestad, que pasó de 3 en 2002 a 0 el pasado año.
Por otro lado, la Oficina de Ayuda a las Víctimas de Delitos atendió en 2003 1.130 personas, de las cuales 606 lo fueron por temas de violencia doméstica.
En ese aspecto, el juez decano de Palma, Pere Barceló, recordó que se había alcanzado un acuerdo con el Institut Balear de la Dona para que este organismos tuviera información «desde el primer momento» de los expedientes incoados por malos tratos en el hogar.
Merced a este acuerdo los jueces realizan las diligencias penales correspondientes, pero también ponen los casos en manos de ese organismo autonómico a fin de que colabore aportando ayudas especiales y equipos de profesionales, entre ellos psicólogos. Todos recomiendan resolver las diferencias «irreconciliables» de los cónyuges a través de los respectivos procesos de divorcio y separación en los juzgados, pero no siempre es así. Por ello, el papel que juega el Institut Balear de la Dona es clave. Las identidades de las mujeres están reservadas y ese organismo y sus colaboradores (los consells, en Eivissa y Menorca y el Ajuntament, en Palma) no informan de las mismas. Y no hacen públicas las direcciones de sus centros de acogida, primer paso para futuras actuaciones.