Cinco años después de que el alcalde de Palma Joan Fageda y la ministra de Justicia procedieran a la inauguración encubierta, declarada «apertura» para no caer en supuesto delito electoral, del Parc de ses Estacions, se han confirmado los temores y fundamentado las críticas de antes, durante y después de la presentación, adjudicación y ejecución del proyecto. El anuncio del soterramiento de las vías del tren, efectuado el lunes por la consellera Cabrer y la alcaldesa Cirer, no hace sino reafirmar el derroche del dinero público, a causa de haber efectuado un proyecto con urgencias electorales, y que se hubiera evitado de haber primado el sentido común y la perspectiva de las posibilidades reales de este enclave de gran importancia estratégica.
Con esa «alegría» que caracteriza a los políticos que manejan presupuesto público, se anuncia que el soterramiento costará 89,6 millones de euros en lugar de los 70 previstos en un principio. Eso por si solo no supondría nada especial, si no fuera porque implica una nueva reforma, la segunda, del parque público, sin que a nadie se le ocurra pedir responsabilidades por tanta improvisación y dispendio.
El Ajuntament aprobó el diseño de la arquitecta catalana Carme Pinós y adjudicó las obras a la empresa Dragados, por un importe de 1.500 millones de pesetas. El proyecto y el concurso fue contestado por el Col·legi d'Arquitectes, por tener más en cuenta el aspecto económico que el arquitectónico, pero el alcalde Fageda contestó que la crítica era «por motivos políticos». Avanzaban las obras y arreciaban las protestas. Se criticaron especialmente las dunas fronterizas con la calle Marquès de la Fontsanta.