La salida más socorrida y facilona de un político es elevar los impuestos para tapar agujeros, una opción siempre polémica que ahora mismo ha elegido la Generalitat de Catalunya aprobando un nuevo gravamen en las gasolinas cuyos beneficios servirán para financiar la sanidad pública.
La medida ha sido acogida con cierta preocupación por la mayor parte de los agentes sociales, pues a nadie se le escapa que con este tipo de decisiones los catalanes tendrán que pagar más que el resto de los españoles por consumir el mismo producto, lo cual resulta injusto. Pero hay más, porque elevar los impuestos indirectos de un bien de primera necesidad como son los carburantes implica una subida inmediata del Índice de Precios al Consumo y, por ende, el consecuente encarecimiento de casi todo lo que debe ser transportado.
Como suele ser tradicional, los nuevos responsables de la Generalitat justifican esta medida en el lamentable estado en que han encontrado las arcas públicas tras el paso de CiU por el Govern durante veinte años. Como ejemplo, baste decir que el déficit sanitario alcanza los tres mil millones de euros.
Todos sabemos que la izquierda siempre ha defendido la subida de impuestos para financiar la mejora de los servicios públicos, pero se sobreentiende que deben ser quienes más ganan los que asuman los mayores sacrificios.
En este caso no será así, porque la gasolina es un producto de primera necesidad cuya subida de precios afecta al total de la población y a sectores productivos muy concretos que viven en una crisis secular, como la agricultura y la pesca. Así únicamente se conseguirá encarecer la vida en Catalunya, lo que debería llevar a que sea una medida transitoria y de emergencia hasta estabilizar ese déficit.