Escenario político nuevo ayer en el Parlament, donde el PP apoyó parcialmente una proposición no de ley del PSM para que el nuevo Gobierno de la Nación revisara el sistema de financiación de Balears y «equilibrara la balanza fiscal» de las Islas.
Aunque durante el debate de la moción, defendida por Pere Sampol (PSM), todos los grupos, PSOE incluido, aseguraran compartir la necesidad de modificar algunos aspectos del sistema de financiación, lo cierto es que el partido nacionalista prefirió aceptar las transacciones (es decir, cambios de redacción que no variaban el sentido de la propuesta inicial) del PP y no las del PSOE.
Pese a las votaciones separadas, artículo por artículo, los socialistas no asumieron ninguno de los planteamientos del PSM y este partido sí aceptó argumentos del PP y despreció las propuestas socialistas. Para Valentí Valenciano (PSOE) «esto puede suponer la vuelta del victimismo».
Concretamente, lo que el Parlament aprobó fueron dos puntos de una proposición no de ley del PSM y rechazó otros dos.
La Cámara autonómica acordó, con los votos a favor de PP, PSM, EU-EV y UM, instar al Gobierno central a mejorar la financiación balear, especialmente en sanidad y educación, debido al crecimiento de su población.
Con el mismo respaldo también aprobó «equilibrar la balanza fiscal de Baleares», por medio de la aplicación del Régimen Especial y la inversión pública del Estado.
No se aceptaron, sin embargo, las reivindicaciones del portavoz del PSM, Pere Sampol, de eliminar el Fondo de Suficiencia previsto por el actual sistema de financiación, ni de trasladar las competencias de la Agencia Tributaria a las comunidades autónomas, ni tampoco establecer un sistema de concierto económico. UM y EU-EV también apoyaron estos planteamientos.
En el debate, Pere Sampol sostuvo Balears es la autonomía que más aporta a los fondos del Estado por habitante y que esta «sangría económica» provoca un déficit en los servicios públicos. Según un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro, Balears aportó en 2002 un 20% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la Administración central, con un saldo negativo de 3.092 millones de euros, equivalente a 3.264 euros por habitante.