La estadística del ejercicio pasado confirma un aumento de 2.080 nuevos asuntos (148.058 en 2003 y 146.978 en 2002) y con cifras que ya se acercan a pasos agigantados a los 150.000 pleitos. Ha crecido la actividad en casi todas las instancias, con excepción de los juzgados de instrucción, donde disminuyen, al pasar de los 110.438 casos en 2002, a los 107.548 en 2003, según refleja el gráfico publicado en esta misma página. El balance del magistrado Algora, que mañana dejará su puesto al nuevo presidente del TSJB, Antoni Terrasa, hace hincapié en que la instancia más colapsada es la de lo Contencioso Administrativo, que hasta diciembre del pasado año tenía 3.708 asuntos pendientes de resolver. «La Sala está constituida por un presidente y tres magistrados y continúa padeciendo la misma situación de atraso, tanto en lo que concierne al número de sentencias por dictar, como en lo que se refiere a la tramitación de recursos», explica.
Con respecto a la Sala de lo Social del TSJB, el magistrado llega a la conclusión de que su funcionamiento «es excelente», pero «ello no impide observar el incremento constante en el volumen de trabajo, debido, tal vez a las diversas reformas legislativas operadas en el ámbito del derecho del trabajo, como a las fluctuaciones económicas sufridas por esta Comunidad Autónoma». Una de las críticas más llamativas que realiza el presidente en funciones del TSJB es hacia la entrada del juzgado de instrucción número 11, «que lo hizo de una forma escandalosa, pues se ha instalado provisionalmente en las dependencias que en su momento fueron habilitadas para celebrar juicios rápidos por delito, con una plantilla totalmente interina sobre la que pesaba un total desconocimiento del trabajo judicial». Y añade: «Gracias a la labor de la secretaria titular y al nombramiento de cuatro funcionarios de refuerzo, que sin abandonar sus propios destinos cooperaron con el Juzgado, no surgieron problemas graves». Jesús Algora, asimismo, opina en la Memoria que los juzgados de lo penal «se hallan en estado de normalidad funcional, salvo el juzgado número 8, donde el incremento de asuntos registrados -3.569 en 2002 y 4.222 en 2003- aconsejan, con el fin de evitar su estancamiento lamentable, que se proceda de manera urgente al desdoblamiento de dicho juzgado, en dos, cada uno con un juez y un secretario».
Los Juzgados de Paz también merecen un comentario crítico por parte del presidente en funciones del TSJB: «No se ha abordado decididamente la problemática que suscitan los Juzgados de Paz, cuyo mal funcionamiento (afortunadamente, no todo) causa graves problemas a la Administración y da lugar a continuas quejas». La Memoria Judicial destaca, asimismo, la entrada de un total de más de 4.000 asuntos, entre la sección civil y la criminal. Asimismo, detecta una disminución de los asuntos pendientes en las dos secciones, y una estabilización de la carga en la sección civil y un incremento en la criminal. En concreto, en el ámbito civil ingresaron 2.000 recursos de apelación durante 2003, se resolvieron 2.104 y quedaron pendientes 596 apelaciones. La memoria señala que se vislumbra una tónica de «cierta estabilización de la carga» en las tres secciones civiles, tras la entrada en vigor del la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), con un «equilibrio» entre la cantidad de asuntos ingresada y resuelta, y un avance en la recuperación del déficit. En el ámbito de lo criminal, la Memoria señala un incremento del volumen de trabajo respecto al año anterior, con el registro de 2.100 asuntos y la resolución de 2.000. Los asuntos pendientes se han reducido y han pasado de unos 480 en 2002 a unos 450 en 2003. Por otra parte, El Tribunal del Jurado registró 14 asuntos en el año 2003 y el promedio anual, calculado desde 1996, se sitúa en 9 asuntos al año. El documento recoge, también, la necesidad de instalar medios aptos para la reproducción audiovisual en todas las Salas de audiencia para evitar la presencia personal de testimonios en casos especiales.