«Hay violaciones a los derechos humanos, y el trato al inmigrante ilegal o sin papeles es de las más delicadas y de las más graves. España podría ser sancionado si hubiese demanda en relación con los internamientos, que sobrepasan con mucho el principio de la seguridad jurídica, o si realiza expulsiones hacia terceros países dónde existan torturas», afirmó ayer en Palma el ex juez de España en el Tribunal de Estrasburgo y catedrático de Derecho Internacional, Juan Antonio Carrillo (Morón de la Frontera, 1934).
«No hay demandas por culpa nuestra y de nuestros abogados. Deberíamos tener más conciencia cívica de la defensa del más débil y necesitado», precisó. El catedrático, que ayer pronunció una conferencia en la Universitat de les Illes Balears, y que hoy lo hará en la Fundació La Caixa, fue el segundo juez español en el Tribunal de Estrasburgo, tras Eduardo García de Enterría, y primer miembro de España en la Comisión Europea de Derechos Humanos. «Uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos y a la opinión pública es la respuesta a la inseguridad que nos crea el terrorismo internacional», señaló.
«Hay Estados que estiman que tiene el derecho a recurrir a la fuerza militar para hacer frente a esta amenaza. Como profesor de Derecho Internacional esto me produce una gran preocupación. Las preguntas son ¿en qué condiciones es legítimo o no recurrir a la fuerza armada? ¿cuándo es legítimo y cuándo no lo es? A mi juicio, es legítima cuando el Consejo de Seguridad, en cuanto es el órgano de las Naciones Unidas a quien incumbe la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, lo decide, lo recomienda o lo autoriza. Cuando no es el caso, es decir, cuando la comunidad internacional institucionalizada que estima que hay una amenaza a la paz, una ruptura de la paz, en mi opinión eso no es legítimo».