Durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero hizo un buen montón de promesas que ahora debe empezar a poner en práctica, y aunque todavía faltan dos semanas para que se convierta en presidente del Gobierno, ya hay más de uno que se frota las manos.
Entre las promesas estaba la derogación, o cuando menos modificación, de algunos aspectos de la reforma educativa puesta en marcha por el Gobierno de José María Aznar. Y ahora, el propio PSOE ha anunciado firmemente que la Ley de Calidad de la Enseñanza no llegará a materializarse.
Antes incluso de que el partido vencedor en las elecciones anunciara sus intenciones, ya desde Catalunya y el País Vasco se anticipó que la ley, que debía aplicarse el próximo curso, quedaba suspendida.
Pero es que en este país tenemos un Parlamento, que es el encargado de aprobar las leyes, y un sistema ejecutivo -Gobierno central y gobiernos autonómicos- que es el encargado de hacerlas cumplir.
Por eso resulta inoportuno anunciar con tanta premura que una ley, con rango de ley orgánica además, no será cumplida, pues, de hecho, ahora mismo forma parte de la legalidad vigente, nos guste o no, y haya intención de derogarla o no.
Así que las comunidades autónomas tendrán que atenerse a los hechos, y éstos dicen que la ley debe cumplirse en tanto el Parlamento electo no se pronuncie en contra, y para eso falta todavía cierto tiempo.
Otra cuestión es el fondo de la ley, si es conveniente o no, pues eso es ya materia de negociación entre partidos en el seno de las Cortes, que para eso están. Nadie pone en duda la necesidad de una reforma educativa drástica -con amplio consenso y sin enfrentamientos con las comunidades autónomas-, pero cada cosa a su tiempo.