La oposición en Cort hizo ayer una primera valoración del proyecto de soterramiento de las vías del tren de Palma, anunciado el pasado jueves por el presidente del Govern, el popular Jaume Matas, y la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer.
Cabe recordar que dichas obras empezarán a principios de 2005 y que se prolongarán por un espacio de dos años.
Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la Plaça d'Espanya y la Via de Cintura, de 1,5 kilómetros de extensión. El coste total será de 70 millones de euros, asumido por el Ejecutivo autonómico.
El proyecto prevé la construcción de la Estación Intermodal de Palma, que estará justo debajo del Parc de ses Estacions y que contará con una estación de tren con diez vías y con una estación de autocares con 30 plataformas. El tren de Sóller se añadirá en un futuro al proyecto.
Asimismo está prevista la remodelación del Parc de ses Estacions, que ampliará su espacio ajardinado en 14.000 metros cuadrados, y la creación de un bulevar peatonal de 18.000 metros cuadrados, que conectará ses Estacions con el Parc de Son Costa y el de Son Fuster.
La secular división de Ciutat en dos partes, debido a las vías del tren, desaparecerá. Además, la calle Aragó pasará a ser de sentido único, mientras que la calle Jacint Verdaguer será de acceso a Palma.
Críticas
El portavoz del PSIB-PSOE, Antoni Roig, valoró de forma positiva la
iniciativa, pero criticó que sea pagada sólo por el Govern y que el
Parc de ses Estacions vuelva a verse afectado por obras.
Roig pidió también que el proyecto garantice la conexión transversal entre las diversas barriadas afectadas por el soterramiento, así como que la configuración sea armónica, que el proceso sea supervisado por la Societat Municipal d'Actuacions Urbanístiques de Palma y que se estudie la posibilidad de que el tren pueda llegar «a Son Gotleu, es Rafal o el Polígon de Llevant».
El portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske, indicó que el proyecto debería contar con financiación estatal y extenderse más allá de la Via de Cintura.
El portavoz del PSM-EN, Pere Muñoz, pidió también que el Gobierno central se implique en el proyecto y que «se intente conservar el patrimonio industrial».