El Consejo General de la ONCE, en su quinto pleno extraordinario (15 de julio de 2003), aprobó la creación de la figura del Defensor del Afiliado, cuya responsabilidad recayó en Aurelia Millán. El miércoles y jueves pasado, estuvo en la Delegación Territorial de les Illes Balears para explicar a los invidentes insulares las características y funciones de este nuevo cargo, destinado a velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de los afiliados, supervisar y evaluar de forma estricta los servicios que la ONCE les presta en el ejercicio de sus funciones y proponer actuaciones que redunden en un incremento de la calidad de vida de los ciegos.
«Desde que se puso en marcha esta nueva figura, hemos recibido 56 quejas en toda España, de las cuales sólo una ha sido de Balears. También hay que decir que la mitad de estas reclamaciones no han sido admitidas a trámite, ya que la gente a veces confunde cuáles son las competencias del Defensor del Afiliado. Es importante reseñar esto, porque las reclamaciones deben encauzarse de forma idónea». Millán puntualiza: «Si un ciego ve mermados sus derechos frente al resto de la sociedad, debe acudir al Defensor del Pueblo. Pero si el invidente afiliado observa que hay una lesión de los derechos básicos contemplados en el artículo 10 de los estatutos de la ONCE, debe dirigirse a nosotros. Para decirlo de forma más clara, nos encargamos de posibles problemas internos».
La atención educativa en edad escolar, la rehabilitación para una autonomía personal, la formación y promoción laboral, el apoyo a la cultura dentro de la normativa de la ONCE, el acceso a la venta del cupón, el acceso a la formación institucional y la no discriminación son algunos de estos derechos básicos.