La banda terrorista ETA abandonó hace poco más de una semana su relativo silencio para manipular a la sociedad civil y hacerse un hueco en la campaña electoral. Ahora vuelve a ser noticia, pero no por sus propios méritos, sino por un gravísimo error cometido por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ayer autorizó la excarcelación de tres etarras al no haber sido juzgados en los dos años que llevan en prisión.
El magistrado Guillermo Ruiz Polanco decidió no prorrogar la prisión (algo que suelen hacer otros magistrados en el mismo caso) y los terroristas, uno de ellos acusado de dos asesinatos, han vuelto a la calle.
Es una verdadera lástima que todo el trabajo realizado por el Gobierno y por las Fuerzas de Seguridad del Estado se eche por tierra por los retrasos en la celebración de los juicios. De nada sirve que una de las primeras premisas en la campaña electoral sea terminar con el terrorismo, si luego se demora la Justicia y no es capaz de dictar sentencia en dos años. En ese caso, la ley los avalaba y, por la misma ley, abandonaron la prisión.
Parece ser que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto una información para determinar las causas de la excarcelación y depurar responsabilidades. Si el magistrado ha cometido un error, se exigirá de nuevo a todas las Fuerzas de Seguridad que busquen y detengan a los terroristas: un trabajo desalentador y, desde luego, nada fácil. El ministro Acebes espera que puedan ser pronto detenidos, juzgados y cumplan prisión tras la oportuna sentencia judicial. ¿No estaban ya en la cárcel? Mientras sigan ocurriendo casos tan escandalosos como éste, habrá que seguir exigiendo un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.