LL. LORENZO
El Instituto Nacional de Estadística (INE) está cerrando con los
diferentes ayuntamientos de Balears la cifra final de ciudadanos
extracomunitarios que deberán ser dados de baja de los padrones
municipales porque en 2001 no rellenaron la hoja del cuestionario
del Censo de Población y Viviendas que envió el organismo a todos
los residentes en el Estado español.
Tan sólo en Palma esta medida puede afectar a 5.051 ciudadanos extranjeros que, aunque están empadronados, todavía no han dado señal de vida.
Esta medida se deriva de la intención del Instituto Nacional de Estadística de actualizar y depurar al máximo los datos recogidos por los municipios. Según la legislación vigente «los ayuntamientos están obligados a realizar sistemáticamente operaciones de muestreo y control, que habrán de acentuarse entre los sectores de población con mayor movilidad», como los extranjeros extracomunitarios.
En este sentido, durante los últimos meses el INE y los diferentes ayuntamientos han estado trabajando para cerrar la cifra final de extracomunitarios que tienen que ser dados de baja del padrón municipal.
Inicialmente, en el caso de Palma había 6.796 ciudadanos de fuera de la Unión Europea que no respondieron el cuestionario, aunque durante este último proceso 1.745 sí que lo han hecho. El resto, 5.051 a estas alturas, son los que tienen que ser dar de baja del padrón.
Aun siendo una medida aparentemente técnica podría dejar temporalmente sin ciertos derechos a millares de extracomunitarios que por desconocimiento u otras razones no respondieron al cuestionario que envió el INE en 2001 a todos los hogares del Estado.
El efecto colateral más inmediato de esta medida es que los ciudadanos extracomunitarios que sean expulsados del padrón perderían los derechos que tienen como residentes en su municipio, en el caso del Ajuntament de Palma, por ejemplo, el derecho a utilizar la tarjeta ciudadana de la Empresa Municipal de Transportes.