El Consell de Mallorca ha decidido intensificar los controles sobre el urbanismo ilegal y, a lo largo de 2003, ha ordenado la demolición de 17 edificaciones que no contaban con los permisos necesarios para construirse. Esta cifra contrasta con las cuatro órdenes de demoliciones aprobadas en el ejercicio de 2002 y las siete que se aprobaron en 2001. Hasta esa fecha, las estadísticas de la institución no reflejan ninguna orden para demoler construcciones ilegales, ya sean viviendas, piscinas o ampliaciones ilegales en suelo rústico. El conseller de Territori del Consell, Bartomeu Vicens, aseguró que, durante este año, la institución insular ha hecho un importante esfuerzo para combatir el urbanismo ilegal y anuncia que, durante esta legislatura, se intensificarán todavía más los controles. «Hasta ahora hemos centrado nuestros esfuerzos en poder aprobar el Plan Territorial de Mallorca y, si a la vez no trabajas para combatir la indisciplina urbanística, el trabajo hecho no sirve para nada», dijo el conseller.
La mano dura que ha decidido llevar a cabo el Consell queda patente también en la cuantía de las multas impuestas por la institución insular. Este año se ha batido el récord absoluto en imposición de multas, con una cuantía global de 1'8 millones de euros. Solamente las cifras registradas en 2001, con unas sanciones por valor de 1'6 millones de euros, se acercan a esta cantidad. También ha habido un aumento en los controles realizados por la institución insular, que en 2003 han sido 219. Estas inspecciones se han saldado con la apertura de 115 expedientes disciplinarios que, a su vez, han dado pie a un total de 50 multas, la cifra más alta alcanzada en los últimos siete años.
Con una visión retrospectiva, desde el año 1997 el Consell de Mallorca ha abierto un total de 784 expedientes en materia de disciplina urbanística de entre las 1.267 inspecciones realizadas por los servicios de la institución insular. Un total de 245 personas han sido multadas por no cumplir las leyes a la hora de realizar construcciones y la cuantía total de lo cobrado por el Consell en estos años supera los seis millones de euros (1.000 millones de pesetas). Este esfuerzo que realiza el Consell de Mallorca para combatir el urbanismo ilegal choca, en muchas ocasiones, con la desidia de los ayuntamientos a la hora de hacer cumplir la legalidad urbanística a sus ciudadanos. El conseller de Territori del Consell de Mallorca realizó un llamamiento a los responsables municipales para que también apliquen mano dura en cuanto detecten la realización de obras que no cuentan con los permisos necesarios.