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El Consell impedirá la construcción de 26 urbanizaciones que avalaron los tribunales

Reincide en la protección de los núcleos que salvó la moratoria de 1999 y que fue anulada por el TSJB

Una de las urbanizaciones que podrían construirse al levantarse la moratoria es Es Pujol, en Santanyí.

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El Consell de Mallorca impedirá la construcción de 26 urbanizaciones que podrían construirse en cuanto se levante la moratoria que ahora está en vigor. Se trata de una parte de las 78 urbanizaciones cuya construcción impidió el Consell de Mallorca en la primera época del Pacte de Progrés, en el año 1999, cuando el socialista Francesc Quetglas era presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme. En total, superan los 3,5 millones de metros cuadrados de terrenos.

La protección que aprobó el Consell quedó anulada años después por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que levantó la prohibición de construir en todas estas zonas al entender que el Consell de Mallorca no tenía competencias para proteger estos terrenos. De las 78 urbanizaciones que se prohibieron, un total de 52 quedaron después desclasificadas de forma directa con la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), pero las 26 restantes no quedaron cubiertas por esta ley.

Lo que el Consell quiere impedir es que el levantamiento de las actuales moratorias, que es inminente tras la aprobación mañana del Plan Territorial, permita la construcción en estas 26 áreas que la institución insular quiere presevar.

Para ello, los responsables del Consell han incluido una serie de disposiciones en el Plan Territorial que evitará la edificación. De las 26, un total de 16 no tenían el plan parcial aprobado en el momento en que quedaron suspendidas. El Plan Territorial obliga a que todos estos terrenos se reclasifiquen directamente como suelo rústico, ya que hacen que los ayuntamientos superen el crecimiento que fija el propio plan.

Mayores dificultades de preservación presentan las otras 10 urbanizaciones que sí tenían el plan parcial aprobado, ya que su desclasificación podría dar lugar al pago de indemnizaciones. Para impedir su construcción, el Plan Territorial incorpora un artículo en su normativa que obliga a los ayuntamientos a clasificar como suelo de reserva y dotacional aquellos suelos que se ubiquen en zonas limítrofes con zonas turísticas o que formen nuevos núcleos aislados.

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