La tesis del conseller es que el Govern popular surgido de las urnas partía de una situación negativa basada en un «enfriamiento de la economía» y una situación financiera que había encendido las alarmas. Además, indicó que el Ejecutivo debía cargar con gastos plurianuales comprometidos que le habían condicionado a la hora de presentar sus cuentas. A los grupos de la oposición, que hasta las pasadas elecciones formaban gobierno, no les quedó más remedio que salir a la defensiva. Todos los grupos de oposición presentaron una enmienda a la totalidad (es decir, solicitaron la devolución del proyecto) y, tras su rechazo, tendrán que defender enmiendas parciales para introducir cambios menores. UM no intervino en el debate pero votó con el PP para rechazar las enmiendas a la totalidad.
Pese a los tecnicismos de un debate de este tipo, los grupos de la oposición optaron por un discurso más bien político y coincidieron en negar la mayor, es decir que el nuevo Govern se hubiera encontrado con una herencia recibida negativa. Tanto Francesc Quetglas (PSOE) como Joana Lluisa Mascaró (PSM-EN) y Miquel Rosselló (EU-EV) negaron la situación de crisis y lo hicieron agrarrándose a un dato incluido en los presupuestos del Ejecutivo: el aumento de un 20% en los ingresos a cuenta del IRPF. La tesis de los partidos que formaron ePacte de Progrés es que dificilmente podía alguien creerse, a la vez, el discurso sobre la mala situación económica con el discurso del aumento de los ingresos del IRPF.
«Ya me explicarán ustedes como unos trabajadores que estaban tan mal, pagaron más IRPF habiendo cobrado menos», dijo Mascaró. Los otros portavoces no abandonaron ese dato en toda la jornada e insistieron en que «los números ponen la propaganda en su sitio» (Rosselló); en que los gastos están «inflados» y los presupuestos son «falsos» (Quetglas); que «hay déficit y endeudamiento oculto en las empresas públicas» (Mascaró) y que descienden todas las inversiones de los departamentos sociales. La creación de un fondo de contingencia (es decir, un fondo donde el Govern podrá desviar un 2% de cada conselleria para afrontar gastos imprevistos y que representará 6.000 millones del total) también suscitó un debate importante. Ramis explicó que, al menos, su Ejecutivo «saca a la luz» este cajón que puede servir para acometer imprevistos (indicó que de fallar la ofensiva financiera para conseguir más dinero para Sanidad y Educación se echaría mano de ese fondo) mientras que el Pacte disponía de él y lo ocultó. Además les echó en cara que desviaran dinero de algunas conselleries para publicidad.