El pleno celebrado ayer en el Ajuntament de Palma puede que pase a la historia de esta ciudad, pero más que por los asuntos tratados, que también, lo haría por su increíble duración, exactamente diez horas y cuarenta y cinco minutos, sin ningún receso. En primer lugar, a las 09.15 horas tomó posesión como nueva concejala de Cort la socialista Cristina Ferrer, en sustitución de Pablo Rivero. A continuación se procedió a votar las nuevas tarifas de la Empresa Funerària Municipal, de la EMT y de Emaya, que contaron con el voto negativo de toda la oposición, que se mostró extremadamente crítica con las subidas del precio del agua -del 2,8 por ciento- y de la recogida de basuras -del 9 por ciento-.
Posteriormente se inició el pleno ordinario, en el marco del cual se debatieron los presupuestos de 2004, con la intervención de cada concejal del equipo de gobierno. De nuevo la oposición, PSOE, PSM y EU-EV, votó en contra, coincidiendo en su consideración de que se han descuidado las áreas sociales y se han subido en exceso las tasas. El teniente de alcalde de Hisenda, Pedro Àlvarez, recordó que los impuestos directos habían bajado. Casi al final del pleno, que acabó a las 20.00 horas, surgió la polémica entre el equipo de gobierno y la oposición.
EU-EV y el PSM-EN habían presentado una propuesta conjunta pidiendo el cese de la gerente del Institut Municipal d'Informàtica (IMI), Monserrat Oliveras, quien, según la oposición, habría mantenido en secreto los resultados de un informe en el que se ponía en duda el habitual sistema de contratación llevado a cabo en el IMI. Àlvarez, presidente del IMI, defendió la labor de Oliveras y añadió que el secretario del Ajuntament, Agustí Estela, ya tenía en su poder dicho informe para poder estudiarlo.