J.J.SERRA / T.OBRADOR
La versión oficial de la Conselleria de Medi Ambient sobre la limitación de la posibilidad de «salida» de fincas privadas a los parques de Llevant y cala d'Hort se basa en el programa electoral del PP: «Estaba en el programa electoral del partido porque esos dos parques fueron impuestos». Actualmente existen 15 peticiones de propietarios de fincas externas al parque que han solicitado su integración.
Sin embargo, no se recuerdan negociaciones con los propietarios cuando gobiernos anteriores del PP declararon los parques naturales de Mondragó, Albufera des Grau, Albufereta de Pollença, Dragonera y Albufera d'Alcúdia. Sólo la Dragonera es totalmente pública (comprada por el Consell), mientras que la Albufera d'Alcúdia cuenta con un 78 por ciento de suelo público mediante el pago de 335 millones de pesetas. El porcentaje de terrenos privados en el resto de parques declarados por el PP (Mondragó, Albufera des Grau y Albufera d'Alcúdia) oscila entre el 88 y el 100 por cien. Por 95 hectáreas públicas en Mondragó, el Govern de Gabriel Cañellas pagó 3.000 millones de pesetas.
Curiosamente, el propio Jaume Matas, como ministro de Medio Ambiente, puso en marcha el parque nacional de la Sierra de Guadarrama, con 109.000 hectáreas de fincas públicas y privadas, a instancias de los gobiernos de Madrid y Castilla-León, ambos dirigidos por el PP. La iniciativa fue aplaudida por los grupos ecologistas. Cuando se creó el Parc de Llevant, una de las críticas de PP y UM se refería a que las fincas quedaban sometidas al derecho de tanteo y retracto (la Administración tiene preferencia de adquisición al precio acordado inicialmente entre vendedor y comprador). Este derecho no se ha aplicado en el Llevant. Sí lo aplicaron, paradójicamente, Maria Antònia Munar y Jaume Matas para hacerse con Raixa.