El pasado miércoles el presidente del Govern, Jaume Matas, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, acordaron la puesta en marcha de un plan de residencias para mayores y discapacitados en las Islas. Es decir, Matas ha conseguido en Madrid el dinero necesario para un proyecto que seguramente no sería posible llevar a cabo si no dispusiese de la financiación de la Administración central. Y Matas ha logrado el apoyo del Ejecutivo nacional porque actualmente las relaciones entre los gobiernos de España y de Balears, ambos en manos del PP, están en un excelente momento. Es obvio decir que antes del 25-M este convenio con el Ministerio de Trabajo, como tantos otros, no hubiera sido factible. Lo cual pone en evidencia la debilidad del sistema de financiación autonómica. Balears, al igual que las demás comunidades, no dispone del presupuesto suficiente para gestionar eficazmente sus competencias y debe recurrir a Madrid. Por fortuna, el hecho de que Matas haya sido ministro facilita bastante las posibilidades de obtener acuerdos ventajosos. El propio Zaplana alabó el grado de conocimiento que de la Administración central tiene el presidente balear. En otras palabras, que no sólo hay que ser del mismo partido sino que incluso es conveniente conocer los entresijos de la maquinaria ministerial para saber a qué puerta llamar.
Es cierto que en la última revisión del sistema de financiación autonómica se lograron algunas mejoras, pero fue a cambio de aceptar las competencias de Sanidad muy mal dotadas. Ahora Matas se ha comprometido a exigir a Madrid más dinero para Sanidad y Educación, atendiendo al gran incremento de la población. Pero no basta. De nuevo habrá que recurrir a la comprensión y generosidad del Gobierno central. La solución auténtica debe pasar por un radical cambio de concepto. Cada administración autonómica debe tener los medios económicos necesarios para gobernar su autonomía sin estar a expensas del talante del Gobierno central. Mientras ello no se consiga seguiremos teniendo una autonomía muy precaria.