El juicio contra los tres presuntos culpables del asesinato de la joven Sandra Palo (violada en repetidas ocasiones, atropellada varias veces y quemada estando inconsciente) vuelve a poner sobre la mesa la eficacia de la ley de responsabilidad penal del menor. Los presuntos autores de este crimen son menores y, según marca la ley, se les podría castigar con un máximo de ocho años de internamiento, pena que podría ser desproporcionada, por inferior, a los hechos que les imputan.
Por ello, hay que acoger con optimismo la propuesta del ministro de Justicia, José María Michavila, de establecer los primeros contactos con los partidos políticos para modificar la ley. Tal vez llegue tarde y mal, pero llega con el propósito de conseguir el máximo consenso y proporcionalidad entre la dureza de las penas y la gravedad de los delitos cometidos, sin olvidar la necesaria reeducación del menor. La Ley del Menor tiene una buena base, pero ha resultado insuficiente para hacer frente a delitos tan graves como el que se juzga durante estos días en Madrid. Ante jóvenes que pueden violar, atropellar y quemar a una persona, los partidos deben conjugar con la misma intensidad penas y reinserción.
La reforma de la Ley del Menor es necesaria, como lo es también disponer de un amplio consenso y de los medios necesarios para poder desarrollarla. Sin ambas cosas, su efectividad puede quedar mermada y, con ello, el futuro de los menores infractores y de las familias de las víctimas que han sufrido el delito. La propuesta del Ministerio de Justicia representa un paso adelante para mejorar la ley. Aunque no sea una prioridad para Michavila, la posible reforma no debería dejarse en un cajón, a la espera de que se calmen las aguas del juicio de Sandra Palo.